Según la FAO, “el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Suramérica”. Considero que esta afirmación sobre la cercanía de la crisis alimentaria por la organización especializada no está siendo valorada; que, dicho sea de paso, no sería únicamente coyuntural y empezaríamos a vivir la crisis alimentaria a partir del próximo año. Si a ello le agregamos el testimonio de muchas familias que han cambiado su dieta alimentaria, consumen menos porque sus salarios se han reducido o han perdido sus puestos de trabajo a consecuencia de la pandemia, la crisis alimentaria se agravaría. Ante ese escenario, la atención estratégica debería ser desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, los gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones de promoción del agro.

En el país, es urgente la realización de un diagnóstico real, instrumento que debería orientar una política agroalimentaria, la misma que debe ser una prioridad. En ese marco, una estrategia importante podría ser la articulación de las organizaciones de productores con organizaciones que gestionan las ollas comunes y comedores de las ciudades.

Nuestra Constitución Política en su artículo 88 dice que “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario…”. Hasta la actualidad se han dado políticas inequitativas o que favorecen a un sector del agro. El paro realizado en mayo del 2019 significó el posicionamiento en la agenda pública y política de la agricultura familiar (pequeña agricultura). A partir de aquella fecha se han desencadenado importantes avances en materia de normativa (por ejemplo, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 30355) y anuncios oficiales para el agro, como la segunda Reforma Agraria que desde sus componentes intenta fortalecer los programas agrarios existentes y reorientar la acción interinstitucional ante el agro, como se puede entender a través de la conformación del “gabinete de desarrollo agrario”.

Es importante recordar que la actividad principal económica productiva en muchas regiones del país sigue siendo la agraria; complementada por la comercialización, transformación primaria, artesanía y turismo rural comunitario que van de la mano del agro. La migración a ciudades cercanas a la ceja de selva para trabajar en construcción o minería, respectivamente, se mantienen e incluso ha crecido en algunas regiones. Entonces, los ingresos económicos de la población rural tienen una diversidad de fuentes y la principal es el agro (lo que está mencionado en el censo agrario del 2012 y censo de población 2017).

Cuando hacemos referencia al agro y fundamentalmente la agricultura familiar en el país, tenemos que definirla como la actividad principal generadora de ocupación y trabajo; también, como la principal proveedora de alimentos. Son 2 millones 200 mil unidades agropecuarias conducida por familias, donde el 30% de unidades agropecuarias son conducidas por mujeres (podemos suponer que la mayoría son viudas o tienen a sus parejas migrantes) y estos predios son de menores extensiones, con escasa tecnología, carentes de asistencia técnica, sin oportunidades de acceso a servicios financieros, etc. Aun así, es la abastecedora exclusiva de alimentos en muchas localidades, es la conservadora de la agro biodiversidad.

La última experiencia vivida durante la pandemia a consecuencia de la COVID-19 fue aleccionadora. Todos imaginábamos un escenario de desabastecimiento de alimentos en las ciudades; sin embargo, la pequeña agricultura se encargó del abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados para la alimentación de la población urbana. Incluso hemos visto muchas muestras de solidaridad de las familias productoras para con las familias de ciudades que carecían de alimentos (encomiendas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y municipalidades).  Sobre esa experiencia –además de muchos proyectos de seguridad agro alimentaria que se vienen desarrollando en varias regiones del país y haciendo uso de algunas leyes como la “Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar 31071” – se pueden construir estrategias sostenibles para la seguridad y alimentación de calidad de la población urbana y en general.

La campaña agrícola 2022 – 2023 o siembra grande está empezando en los meses de agosto y setiembre. No se tienen cifras sobre los volúmenes de siembra, por tanto, no se puede proyectar la cosecha. Sin embargo, por el incremento de los costos (hasta en dos veces en algunos) de fertilizantes, urea, semillas, mano de obra, entre otros; los resultados los veremos el primer semestre del próximo año. En ese escenario, es recomendable tomar medidas preventivas y no limitar la visión a la familia productora, la comunidad campesina o guardar silencio o proyectar visiones optimistas por no atemorizar a la población.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI se están adquiriendo fertilizantes para su entrega a productores, pero no está claro a qué agricultor se entregará (existen agroexportadores y agricultores abastecedores de los mercados urbanos). En ese sentido, si la proyección de los estudios realizados por entidades especialidades es de una crisis alimentaria, los fertilizantes deberían ir a la agricultura familiar que es la abastecedora de los alimentos para la población en general.

El escenario es complejo e incierto. Una buena alternativa es la producción agroecológica, por sus diversos beneficios: medioambientales, para la salud humana y de empleo e ingresos económicos. Pero también, la producción agroecológica es aún limitada, por muchos factores. La producción agroecológica es todavía incipiente, se desarrollan a pequeña escala. Escalarla a territorios mayores significa un cambio en el paradigma de la producción y alimentación; porque la producción agroecológica es menos dependiente de insumos externos y más amigable con los recursos naturales. En ese marco, el Estado debe implementar el Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica PLANAE 2021 – 2030 y la Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica 29196, que está reglamentada. También, se tienen estrategias nacionales y regionales de seguridad alimentaria, con instancias interinstitucionales para su implementación. Pero lo que no debe esperar y con urgencia se requiere es la ejecución de una estrategia de asistencia técnica para las familias que conducen las unidades agropecuarias, sobre cómo pueden hacer una transición de producción convencional hacia la producción agroecológica.

Vivir dicha transición significa también la construcción de normas y estrategias para superar las barreras y limitaciones para las certificaciones, para el otorgamiento de subsidios selectivos para la compra de semillas e insumos orgánicos, para la difusión de las ventajas nutricionales, el cambio en las currículas de formación de profesionales para el agro, incorporación en la educación básica, investigaciones sobre el acceso a alimentos en las grandes ciudades, instalación de mercados orgánicos, etc.

Finalmente, es momento de recoger las lecciones y convocar a todos los sectores de la sociedad (Estado, academia, empresariado y sociedad civil) para diseñar una estrategia de previsión y resiliente ante la crisis agro alimentaria.

(Con información de Revista Intercambio)